EL DIARIO COFRADE

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La SGAE reabre el debate sobre un canon para las marchas procesionales: compositores y músicos reclaman reconocimiento profesional

Sevilla, a 18 de enero de 2026

La música procesional vuelve a situarse en el centro del debate cofrade. La Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) ha planteado la posibilidad de aplicar un canon específico por la interpretación de marchas procesionales, una medida que, según diversos expertos y compositores, permitiría dignificar la creación musical, garantizar la continuidad de los autores y reforzar la calidad del repertorio que acompaña a las hermandades durante la Semana Santa.

El asunto, lejos de ser nuevo, ha regresado con fuerza tras la difusión de un estudio que propone que las bandas abonen hasta 300 euros en concepto de derechos de autor por interpretar repertorio protegido durante las estaciones de penitencia. La propuesta se enmarca en un contexto más amplio: la reivindicación histórica de los compositores de música procesional, que llevan años reclamando un marco regulado que reconozca su trabajo y evite que sus obras circulen sin compensación económica.

El debate ha cobrado especial relevancia en los foros especializados y en encuentros recientes de compositores y directores musicales. El asunto  ha sido  uno de los ejes del I Encuentro Nacional de Compositores de Música Procesional, del que dimos cuenta en una publicación que realizamos en el dia de ayer, que ha analizado con rigor quién debería asumir el pago, cómo se calcularía el canon y qué impacto tendría en hermandades y formaciones musicales.

 

 

La SGAE y la Asociación de Compositores de Música Sacra Procesional (Musapro) coinciden en que la medida no busca penalizar a las bandas, sino ordenar un sector que históricamente ha funcionado sin una regulación clara. El objetivo, según Musapro, es “reivindicar el valor de la música sacra procesional” y fomentar la creación de nuevas obras de calidad.

Una de las cuestiones más sensibles es determinar quién asumiría el coste. El estudio difundido por la SGAE apunta a que las bandas serían las responsables directas del pago, aunque el debate sigue abierto y algunos expertos plantean que las hermandades, como entidades organizadoras de los desfiles, deberían participar en la financiación.

Las formaciones musicales, por su parte, advierten de que el canon podría suponer un sobrecoste difícil de asumir para agrupaciones que ya afrontan gastos elevados en desplazamientos, uniformidad, mantenimiento instrumental y personal técnico. Sin embargo, muchas coinciden en que el reconocimiento a los compositores es necesario y que el sector necesita una regulación clara para evitar conflictos recurrentes.

Los autores de marchas procesionales llevan años reclamando que su trabajo sea tratado con el mismo respeto que cualquier otra obra musical. La interpretación pública de una marcha, ya sea en un concierto, un certamen o una procesión,  está sujeta a derechos de autor, pero en la práctica, la mayoría de estas ejecuciones no generan compensación económica.

El compositor Manuel Marvizón, uno de los referentes del género, ha insistido recientemente en la necesidad de “difundir el conocimiento sobre los derechos de autor y la propiedad intelectual” dentro del ámbito cofrade. La falta de información, señalan los expertos, ha contribuido a que el debate se haya polarizado en ocasiones.

La implantación de un canon supondría un cambio profundo en el funcionamiento de las bandas y en la relación económica entre estas y las hermandades. Para algunos, sería un paso natural hacia la profesionalización del sector; para otros, un riesgo que podría tensionar los presupuestos de las corporaciones.

Lo que sí parece claro es que el debate ha llegado para quedarse. La música procesional, uno de los pilares emocionales y estéticos de la Semana Santa, se enfrenta a un momento decisivo en el que deberá equilibrar tradición, sostenibilidad económica y reconocimiento profesional.

Mientras tanto, la SGAE y los compositores continúan defendiendo que sin autores no hay marchas, y que garantizar su continuidad es esencial para preservar un patrimonio musical que forma parte de la identidad cultural de Andalucía y de buena parte de España.